viernes, 12 de mayo de 2017

IRRACIONALIDAD CONSTITUIDA Y CONSTITUYENTE

Cuentan que el  eminente matemático y lógico Austriaco Kurt Gödel, cuando comparecía ante el juez que le concedería la nacionalidad estadounidense, al ser cuestionado respecto de la Constitución de ese país, respondió señalando varias contradicciones en su texto e incluso afirmando que había hallado la posibilidad constitucional, tras su lógica aparente, de instaurar un régimen totalitario contrario a la república democrática; lógicamente, ante semejante aseveración y en esa circunstancia, sus acompañantes y también solicitantes, entre los que destacaba su amigo Albert Einstein, actuaron de inmediato para mantener en los cauces de la “lógica” aquel espíritu genialmente lógico, siempre irreverente, inoportuno y problemático.

Es que de la lógica “convenida” y “formalizada” de lo común, no se escapa nadie, pues es una manera, intencional o inconsciente, de conciliar o ajustar el querer con el poder, es decir, no razonamos los hechos en su significados, propósitos y alcances reales,  sino que, o los ajustamos falazmente a nuestros intereses o nos amoldamos a sus falacias, ya por conveniencia, ya por intereses malsanos, por ignorancia, ya por pereza mental, ya por simple comodidad.


EL  QUE HACE LA LEY, HACE…

En ese sentido,  la constitución aprobada el año 1999, hubo sido modelo  de organización, distribución y eficacia política del poder, de la justicia como valor superior, de lo “popular” como poder del Estado, de la “democracia participativa” y de la prevalencia de los derechos humanos, inmanentes y progresivos, desarrollados dentro de un espíritu constitucional eminentemente garantista…, hasta que comenzaron a evidenciarse ciertas contradicciones y vacios que la desestructuran, asistematizan y merman su eficacia.

En primer lugar,  la Constitución Nacional (CN), permite, como está ocurriendo, que en realidad coexistan dos constituciones: Una literal y otra interpretada al libre criterio del titular de órgano de justicia, quién, a falta de las debidas restricciones de su facultad de interpretar el texto constitucional en casos de comprobada contradicción o de lagunas o vacíos de ley en sus disposiciones, se arroga la potestad de interpretación absoluta de la CN, por sobre el significado justo de los términos, por sobre el sentido correcto del texto, por sobre la lógica funcional del contexto y por sobre la proyección lógica, teleológica, desde y hacia el espíritu, propósito y razón de la CN.  Tal contradicción violenta los principios de primacía y unicidad de la constitución, de publicidad de ley, de legalidad, de separación de poderes, además de pervertir e inutilizar la estructura constitucional, y con ello todo el sistema jurídico del país, amén de abrir compuertas para abyectos propósitos políticos.

De esa forma se han venido generado decisiones jurisdiccionales de cuestionable constitucionalidad. Una de ellas, es el haber desproclamado a tres diputados legítima y constitucionalmente electos y proclamados por el Poder Electoral, con el pretexto de presuntas irregularidades en los correspondientes comicios, conforme a la denuncia de un participante perdedor. El asunto es que el TSJ ha debido procesar la denuncia, y si procediere, por haberse comprobado los hechos y constatado su incidencia determinante en los resultados, anular la elección e iniciar, si fuere el caso, el enjuiciamiento de los diputados conforme al procedimiento especialísimo que corresponde; pero de ninguna forma podía desconocer a los diputados la inmunidad que su investidura les concede, que garantiza la autonomía, majestad y legitimidad del Poder Legislativo Nacional y, principalmente, preserva la voluntad del soberano.

Luego sigue retahíla de anulaciones de leyes, por inconstitucionales, bajo el criterio de que el Poder Legislativo no puede aprobar ninguna ley que contraríe los propósitos políticos del Poder ejecutivo. Lo cual constituye una aberración de la institucionalidad y la negación y abrogación del poder del Estado de mayor legitimidad y  representatividad, pues, bajo esa premisa del sentenciador, el Poder Legislativo debe legislar conforme a la orientación político-ideológica  del gobernante de turno, entonces, para qué los proyectos políticos y toda su parafernalia teórica, para qué los partidos, si priva un criterio, un hombre, un partido, una nación y un destino… (¿Dónde se dijo algo parecido…?  ¿Sería en Europa…?)

Al contrario, la confrontación política es uno de los caracteres principales de los dos poderes del Estado electos por los ciudadanos mediante votación universal, directa y secreta. Confrontación orientada hacia la expresión e integración institucional propositiva de todos los factores, corrientes, movimientos y partidos políticos del país. Pero no se trata del confrontar obligante sino del simplemente posible, y que, en su sentido ideal, se gesta fuera de la estructura institucional, en la voluntad manifiesta del ciudadano mediante el sufragio. Luego entonces, es el ciudadano, consciente o  intuitivamente, quien decide el grado de confrontación política posible entre ambos poderes, de manera que el mayor equilibrio logrado constituye sus óptimos, en cuanto a la expresión de la auténtica voluntad popular.

Así mismo, hasta hace poco se creía que lo relativo al  estado de excepción, estaba suficientemente explicito en el capítulo constitucional correspondiente; hasta que la constitución interpretada dijo todo lo contrario. Conforme la Constitución formal vigente, el decreto de excepción procede, por su máximo de dos meses, si, y solo sí, la Asamblea Nacional lo “considera y aprueba”, el TSJ declara “su constitucionalidad” y la AN no lo da por cesado, luego del primer mes. Disposiciones acertadas jurídicamente, pues se ajustan al espíritu  garantista y protector de la CN, resultando evidente la intención confrontadora, integradora, conciliadora y controladora de la norma, en expresión del mandato del elector, de que el debido y legítimo control institucional exprese justamente su voluntad,

Sin embargo, la constitución interpretada, la ilegítima, dice lo contrario: que el requerido pronunciamiento de la AN  no tiene efectos jurídicos, solo “políticos”, y por ende no puede dar por concluida la emergencia antes del término de dos meses y  tampoco aprobar su prórroga. De esa forma, el Ejecutivo Nacional puede gobernar bajo emergencia económica durante los seis años de su mandato, repitiendo cada dos meses el mismo procedimiento absurdo.

El Poder Legislativo, al estar legitimados por el sufragio  y por ser el cuerpo deliberativo institucional por excelencia,  todos sus actos son de carácter político, con efectos jurídicos la mayoría, y otros, como los acuerdos y exhortos, con efectos meramente políticos (estricto sensu). Las leyes no son sino actos políticos con efectos jurídicos. Siendo por eso que el Poder Judicial no puede crear leyes, sino subsidiariamente, bajo condiciones extraordinarias (o al menos, por la elemental lógica del sistema, debería ser así).

De lo anterior se desprenden dos aristas. Una, que el Poder Judicial no puede fundamentar sus decisiones en criterios políticos, pues invadiría los campos de actuación de los otros poderes, deviniendo en factor de la diatriba política y pervirtiendo así su rol de administrador de justicia, de árbitro imparcial y justo; por ejemplo,  en varias de las decisiones en cuestión, se decide en referencia a una “guerra económica, concepto de definición confusa, incluso argumentando  al respecto, cuando, por la sana lógica jurídica, le está vedado establecer relaciones de causalidad respecto de acontecimientos de apreciación tan subjetiva y que no están jurídicamente establecidos. ”La otra, es que, al tener todas sus decisiones efectos políticos, y al poseer legitimidad derivada respecto del cuerpo social, al ser nombrados sus titulares por la AN, el Poder Judicial debería estar bajo el control institucional, social y políticamente eficaz de ésta, mediante actos como la interpelación de los magistrados rectores, el veto institucionalizado a ciertas decisiones del Poder Judicial que extralimiten sus facultades, invadan las funciones propias de los otros poderes y o afecten traumáticamente valores sociales, históricos y culturales  muy arraigados en la nación. En fin, la cuestión sería desmitificar el  absurdo de encallejonar a la sociedad en un sistema que inicia en lo político y se ahoga sin retorno  en lo jurídico, cortando el cauce natural y lógico que reorienta lo jurídico hacia lo político, hacia la conformación del círculo virtuoso de la sociedad estructurada sinérgica y holísticamente en un sistema institucionalizado, cuyo epicentro sea el ser humano.

Empero, el punto de quiebre de la institucionalidad del Estado, lo marcó la decisión del Poder Judicial de desconocer la investidura de los diputados titulares del Poder Legislativo, y por ende, anulando la voluntad del soberano, disolviendo la AN y traspasando todas sus facultades al Ejecutivo Nacional, eliminando de facto un Poder del Estado; todo bajo la excusa de hallarse la AN en desacato frente a un mandato judicial de por sí  cuestionable constitucionalmente. Porque, he aquí el paradigma por romper, los poderes del Estado, por órgano de sus titulares, pueden, mejor dicho, están en el deber de no acatar, de no obedecer ni validar ningún mandato o acto de cualquier otro poder, que invada o menoscabe sus competencias o sea evidentemente inconstitucional; pues resulta absurdo que un Poder del Estado invoque la obediencia debida, a la institucionalidad, para violentar a esa misma institucionalidad. Por lo que el conflicto de poderes es  también instrumento para autoprotegerse el Estado de las violaciones constitucionales, que de otra forma sumirían a los Poderes en un mutualismo de “obediencias” y “complicidades” institucionalizadas, que anularían la eficacia del Estado, creando anarquía social.

También, conforme a esa sentencia del Poder Judicial,  el Poder Ejecutivo asumiría la facultad del legislativo de sancionar leyes penales; lo cual, de hecho, anularía el Estado de Derecho, pues ello es facultad exclusiva y excluyente del Poder Legislativo, siendo aberrante al sistema que el Poder Ejecutivo ejerza facultades fuera de sus competencias constitucionales y del mandato del elector; además, el hecho de que el poder rector de los cuerpos policiales de investigación del país, al mismo  tiempo decrete las leyes que sancionan los delitos que investiga, es, por decir lo menos, una barrabasada.

Como si todo eso fuera poco, floreando mayo y en vísperas del día de la madre, ocurre un hecho gravísimo para la vida institucional del país, como lo ha sido la “convocatoria” a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por el actual Presidente de la República, con fundamento en los art 347 y 348 de la Constitución Nacional vigente.


¿QUÉ QUIERE EL SOBERANO?

Legitimidad sí tiene el Primer Mandatario para “iniciar la convocatoria”, pero no para convocar, como correctamente lo especifica la norma. ¿Por qué así? Porque “la soberanía reside en el pueblo”, como preclaramente lo define la norma; luego entonces, el único que puede convocar válidamente a una ANC  es el soberano, por  manifestación de su voluntad mediante referendo consultivo.

De manera que, el Presidente de la República no está legitimado constitucionalmente para convocar a la ANC, porque estaría por sobre la voluntad del soberano, lo cual es absurdo, ya que entonces, la “soberanía” resultaría en falacia, porque, cómo puede el soberano presumirse de tal, si no le permite decidir cuándo, cómo, dónde y  por qué  se constituye en ANC por delegación de su poder. Dicho de forma más llana, el soberano se conforma en ANC si le viene en gana; y  más aún, por sobre la Asamblea Constituyente tiene el derecho primigenio de su poder soberano: el de rebelión, reconocido por  la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Yo convoco, asegura el Presidente de la República, yo quiero que sea de esta forma, por esto, para esto, yo “invito” a fulano o a zutano… yo... yo… yo… La pregunta sería, entonces  ¿Qué es lo que quiere el soberano? ¿No le interesaría saber al Poder Electoral, siquiera por curiosidad, si el soberano desea constituirse en ANC? ¿Qué se cree el Poder Electoral, una oficina coordinadora de elecciones o un auténtico Poder del Estado? ¿Cómo es que el Poder Judicial puede desproclamar a los diputados así por así; o el Titular Poder Ejecutivo  “convocar” a una ANC, y lo que ella significa, ¡¡refundar la República!!, simplemente porque se levantó con el pie izquierdo o porque lo ha soñado o porque se le antoja?

En este caso, la falta de especificidad de la norma responde a esos gazapos constitucionales, puestos allí intencionalmente para servir, según la situación, de celada o escape político.  La “viveza” del constituyente radica en que redacto correctamente la norma, ya que si hubiese usado el término “convoca” en vez de “iniciar la convocatoria”, la contradicción habría sido más que evidente. Ese es el problema de de los “sobreentendidos” en las disposiciones legales, pues en su momento “todo el mundo” “sabe” lo que no dice expresamente la norma, pero luego, según convenga o no, ese vacío sirve para burlar la ley. Ese es el peligro de los procesos constituyentes deslegitimados, crean constituciones que se desmoronan como terrón de azúcar por sus propias trampas, arrastrando con ellas al país.

Analizada en modo, lugar y tiempo, esta convocatoria a la ANC, írrita, como se ha evidenciado, pudiere servir para:

En primer lugar, ocultar el estrepitoso fracaso  de la gestión económica. Ya que, sea bajo la excusa que sea, no existen motivos para que luego de 18 años el venezolano sufra la mayor inflación del mundo, con la calidad alimenticia criminalmente en caída libre, con estándar de vida decreciente hasta lo miserable, con miles de empresas cerradas por falta de insumos o expropiadas y entregadas  a la camarilla partidista, con la anulación de la libre producción y competencia, con la espada de Damocles comunal pendiendo sobre el productor, el creador y el emprendedor, y con el malogro de todas las políticas tendientes a incrementar la producción y a controlar la inflación siquiera hasta niveles de sobrevivencia, incluyendo el fracaso de la política del reparto de cajas con alimentos,  cuyo acceso  es más difícil que al premio del detergente; ni se diga de unos tales “motores económicos”, que no arrancaron y jamás podrán hacerlo.

En segundo lugar, para escapar hacia adelante, dada la inminente derrota en los comicios regionales pendientes, debido a las deficientes gestiones de los gobernadores y alcaldes “bolivarianos”. El problema, para esos gobernantes regionales, es que su eficacia se mide en relación a las expectativas creadas por un proceso pretendidamente “revolucionario”, respecto del cual, de hecho, presentan grandes desfases. Es decir, el gobernante nacional dice una cosa y su gobernante regional hace otra. Por ejemplo, ante la presunta “guerra” económica, según lo afirma el Ejecutivo Nacional, los gobiernos regionales ni se han enterado, pues de lo contrario sería otro su proceder logístico y estratégico.

En tercer lugar, he aquí lo más grave, para destruir de una vez por todas el Estado social democrático de derecho y de justicia, conceptualizado sabiamente por la constitución vigente, y sustituirlo por un Estado comunal.  Siendo ambos estados conceptualmente antagónicos, ya que responden a criterios políticos, jurídicos, sociales, culturales, filosóficos, epistemológicos y axiológicos, que plantean al ser humano, su ser individual, su ser social, su cosmovisión y, por ende, su actitud existencial, desde perspectivas contradictorias y excluyentes.


ESTADO COMUNAL  VS ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA

En concreto, lo que disecciona políticamente a Venezuela hoy en día, es el dilema entre esas dos perspectivas existenciales, que, como se  ha dicho, se expresan en sendos modelos de Estado, el comunal y el democrático de derecho y de justicia.

Para el Estado comunal, el ser humano es objeto de la historia. El individuo está mecanizado materialmente a la historia que lo determina existencialmente, situación de la cual sólo puede liberarse revirtiendo, revolucionando, el orden natural, social, de las cosas, tomando conciencia de su condición objetual, vasallo, proletario, obrero, pueblo, para hacerse sujeto constructor de su propia historia. Este individuo ha sido escindido históricamente en dos seres (clases): El privilegiado, explotador, usufructuario del poder; y el oprimido, débil, pisoteado por el poderoso y por la toda la estructura social conformada para sustentar ese estatus quo. Así pues, luego del enfrentamiento inevitable entre las clases sociales, el nuevo orden social será justo, igualitario y pacífico, gracias a la voluntad del súper individuo, colectivizado por la conciencia de clase, dueño y señor de su ser, monarca de sus pasiones, emperador de sus antivalores y  soberano de sus creencias, él será Dios. Al final, la historia no es sino una farsa ontológica, con fecha de caducidad. El individuo objeto es pueblo y el pueblo, consciente de sí, es colectivo; por lo que el ser individual no tiene espacio vital posible. El individuo es objeto por determinación histórica y sujeto por su voluntad, de la cual emana todo, por tanto, le  basta el querer para poder; él es esencialmente voluntarista. Siendo esa voluntad plena de poder, una conclusión histórica justa, y en consecuencia, verdadera; luego, no admite contrarios, pues entonces la misma dialéctica, ya superada, la negaría como verdad, y no  siendo verdadera no es plena, y por ende, resultaría nuevamente oprimida. Es decir, ese individuo, redimido de la historia, aliena su conciencia hacia el colectivo, avasallado otra vez en su uno, por un de todos que no es de nadie. Ese ser ido de si, con su lógica existencial excluyente y en conflicto perenne, dueño de la verdad revelada por la historia y sin el sosiego existencial de no alcanzar la “utopía”, es contrario a la diversidad de la democracia, que construye lo verdadero desde el todos; no tolera la alternabilidad, porque es impedimento para alcanzar su nirvana, la sociedad comunal; y, por consiguiente, le estorba la institucionalidad, que le entraba la hegemonía de su verdad en la sociedad.

Para el Estado democrático de derecho y de justicia, al contrario, el individuo es sujeto de la historia, él no la sufre o padece hasta un hasta qué, sino que la vive, la sufre, la goza, la llora, le canta, desde siempre y por siempre. Su ser no se escinde en dos por una historia cruel, al contrario, se hace más uno con el devenir existencial histórico. Él hace la historia y la historia lo construye en su humanidad. Él se sabe vasallo y señor, por eso, su lucha no es contra el otro sino contra sí mismo; por eso, el dilema no es material sino espiritual, por eso, no pretende el absurdo de extinguir al otro para ser en plenitud, ni abandona su ser para ser colectivo, pues es desde la plenitud del uno que se construye la riqueza del todos. Él se sabe expresión diferenciada de un ser humano social, que lo trasciende en la potencialidad de ser y en espacio y tiempo, que lo integra holística y sinérgicamente al todos, mediante la estructura sistemática de la institucionalidad. Él no tiene la verdad, la busca con el otro, la construye entre todos. La incertidumbre es su motor. Él necesita de la diversidad su complementariedad y riqueza existencial. Él, en cuanto sujeto histórico es pueblo, y en tanto sujeto de derechos, es ciudadano. Él no persigue utopías, pues su utopía es su humanidad, y él la posibilita en su aquí y ahora, es su responsabilidad histórica y su derecho humano.

En conclusión, el Estado democrático de derecho y de justicia, política y ontológicamente, con todos los problemas que pudiere tener, que son tan diversos, complejos  y contrastantes como lo es el ser humano, es la única vía para avanzar hacia la justicia, igualdad, solidaridad y la paz. No existe alternativa posible, la historia lo ha demostrado.


LA CONSTITUYENTE COMUNERA.

Por eso, resulta insólito, troglodita, insultante y  temerario que un grupo político pretenda imponer, por vía institucional, la hegemonía de su verdad, negando, de hecho y de derecho, al menos a la otra mitad del país, y desconociendo, a troche y moche, valores democráticos tan caros a nuestra cultura occidental.

Lo que ocurre hoy en nuestra patria, es la concreción de lo que se temía hace ya diecisiete años: que se impusiera la hegemonía comunal colectivizante por sobre la diversidad de la democracia socializante de lo humano. Afortunadamente el gobernante de aquel momento, de gran liderazgo  e impulsor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, no resultó tan torpe en política como se esperaba, pues la Constitución promulgada es políticamente muy equilibrada, lo cual es requisito sine qua non para la estabilidad y paz de toda república democrática.

Pero de cuatro años para acá, con llegada al poder de los sectores más radicales y fanatizados, aquellos temores han retornado, con el agravante de que éstos, ni por asomo, cuentan con el liderazgo y el apoyo electoral de aquel gobernante, ni tampoco tienen su visión estratégica política.

De allí la necesidad de establecer lineamientos generales de acción para contrarrestar, con la mayor eficacia posible, semejante peligro que se cierne sobre nuestra patria.  En el entendido de que, si no se conoce el trasfondo ideológico de esos actores políticos, y si no se está claro de lo que está en juego y de cuál es la responsabilidad política de cada quien, cualquier acción para enfrentarlo resultaría torpe e ineficaz.


LA INEFICACIA TIENE NOMBRE…

No puede quejarse el factor político que gobierna, de no haber tenido oportunidades para  desarrollar una excelente gestión dentro del Estado democrático, que su trasfondo ideológico tanto aborrece, pues las ha tenido todas. Dieciocho años mandando desde el Poder Ejecutivo, el haber sido mayoría en la ANC de 1999, casi todas alcaldías  y  gobernaciones bajo su control político, y  15 años con el control del Poder Legislativo, y todo lo que ello implica, amén de ingresos petroleros ni soñados por país alguno; constituye un fundamento político-social-jurídico-económico tan inmenso que alcanzaría, no para reconstruir una Europa, sino para hacer cinco nuevas, de paquetes.

Luego de todo ese vasto poder político, habría que solicitarles  que muestren uno, tan solo un municipio o un Estado que sea ejemplo indudable y definitivo de las “bondades” de su proyecto político. Es que no se comprende por qué no han sido capaces de presentar resultados integralmente concretos, en forma, modo, lugar y tiempo, y solo acciones aisladas o descoordinadas o descontinuadas.

No lo han hecho y no lo harán, no porque no lo quieran, si se presume la buena fe, sino porque su parafernalia ideológica no los deja. Si se pretende extinguir al otro, opuesto, en vez de complementarse con él. Si se apuesta a la personalidad de un “jefe”, y no a la  racionalidad de la institucionalidad. Si se gobierna a “pueblos” y no a ciudadanos. Si se sufre de miopía en lo social, y no se ve la sociedad en toda su complejidad y riqueza existencial. Si se disecciona la sociedad en dos partes irreconciliables, en vez integrarla, cohesionarla, hacia un propósito en común. Si no existe el apego irrestricto al estado de derecho. Si no se tiene a la ética como horizonte irrenunciable. Si no existe control respecto de la eficacia real del proyecto político, por sobre los intereses egoístas particulares. Si no se cree en la estructuración sistemática, holística, sinérgica, científica, teleológica y espiritual del acontecimiento social, y, por el contrario, se apuesta a la improvisación, a un “porvenir”” final” que nunca llega porque no puede ser final de nada. Si se reniega del conocimiento crítico y de su capacidad potenciadora de lo social, apostando por el voluntarismo autómata del colectivo. Si se niega la maravillosa capacidad creadora e integradora del individuo hacia su ser social, subsumiéndolo en colectivos, cuya lógica y racionalidad promediadoras, despoja al ser humano de su espíritu creador, descubridor, inventivo, sometiéndolo inexorablemente al absurdo de la media de la media del colectivo. Si no se reconoce y respetan los emprendimientos productivos, en tanto manifestación creadora, descubridora e inventiva del ser individual, y en cuanto expresión lógica, racional y espiritual de la complejidad del ser social humano, y solamente se ponderan las posibles perversiones de su carácter productivo material… Si todo ello  se junta, resulta imposible viabilizar cualquier proyecto político, al menos en nuestro planeta tierra.

El factor político en gobierno, luego de la aplastante derrota electoral en las elecciones  parlamentarias de diciembre  del 2015, sin considerar lo que no hubo hecho desde dos años antes, cuando arreció la espantosa crisis económica  y moral  que padece hoy la patria de Bolívar; en un acto ético-estratégico, de racionalidad política, ha debido entregar la conducción del proceso “bolivariano” a una dirección nacional, conformada por un grupo amplio  de los factores representativos de toda la izquierda del país, desde el centro hasta el extremo, y con un solo problema a desarrollar, en todos sus aspectos de modo, lugar y tiempo : ¿qué hacer?.  Sin embargo, todo continuó igual tras el  maquillaje tísico de algunos congresos aclamatorios, reuniones y del clásico habla que te habla…

Es que nomás en diciembre recién pasado, ha debido el actual gobierno, como tarea de resolución de problemas, conformar dos grupos de trabajo multidisciplinario, que en par de turnos durante todo el mes, desarrollaran una fórmula viable para lograr, como inicio, sí por sí, siquiera estabilizar y lanzar  a la baja, al menos ocho productos básicos; usando para ello, sin discriminación alguna, todo el conocimiento de la humanidad, todos los medios  científicos y tecnológicos disponibles en la actualidad y toda la fuerza y poder del Estado; y si no lo lograren, mejor les saldría a esa dirigencia política, renunciar y dedicarse a regar las plantas en el jardín de sus casas.

Los políticos asumen el poder para solucionar problemas, es decir, para darle viabilidad a la sociedad, no para rubricar cheques. Con puro buche y pluma no se puede gobernar. Si no se fundamenta la acción en el conocimiento, el país seguirá  al garete, en un océano de improvisaciones, de presentimientos, de excusas y de un voluntarismo crónico.

Retiraron a Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque les estorbaba. Y se  terminan de retirar de la OEA, tras andanadas de insultos a la mayoría de países miembros. La verdad sea dicha, daba la impresión de que entre los representantes de esos países no estaba la ciudadana Canciller de Venezuela ante un foro internacional, sino  la niña traumatizada “cantándole sus cuatro verdades” a quienes considera los culpables históricos del asesinato de su padre. Muy elocuente y muy digna la canciller en su argumentación, empero, no era la forma ni el lugar ni el momento. Los cancilleres, más allá del gobierno que los titule, representan formalmente a un Estado, a una nación, a una patria, por ende, es de estrategia elemental “respetar” la formalidad para mantener el vínculo con ese trasfondo político-social-cultural que está por sobre cualquier gobierno de turno. Así como también es verdad, que los países de la región tienen gama amplia de argumentos para justificar su preocupación, pues los yerros políticos del nuestro gobernante son de palco, en otras palabras, si esos representantes lanzan pedradas, es porque tienen piedras… Y no vale refutar cuestionando la cualidad moral para lanzarlas, las piedras, pues no se trata de quién es más honesto, sino del ser ético como país bajo las circunstancias que sean, tanto para defenderse de los ataques injustos, como para aceptar las críticas fundadas. Cuán diferente habría sido si Venezuela tuviese resultados incuestionables de desarrollo y progreso que ostentar ante la comunidad internacional; o que, en la situación actual, siquiera hubiese acudido a la OEA digna y altiva pero en otro tono, y con la humildad para aceptar sus errores. Pero para eso se requiere un vuelco ideológico, que el que tiene la verdad agarrada por el moño, no puede dar.

Las expresiones del representante de Argentina ante la OEA, cuando se deliberaba sobre el destino de la CIDH son para reflexionar. Comentaba el funcionario, que durante la feroz dictadura del general Videla, la última esperanza, el pequeño tronco flotante del cual asirse, lo constituyó, con todas sus imperfecciones, errores y cuestionamientos, la CIDH, es decir, que nadie pondera lo que tiene hasta que lo pierde. Hace apenas 100 años, pensar en una OEA  o una CIDH  como las actuales, era utopía; actualmente  por supuesto le exigimos mucho más, entonces impulsémoslas, o al menos conservémoslas, mientras sean sustituidas evolutivamente, pero no las destruyamos.

Con algunos logros incuestionables, la gestión del gobernante se  le esfuma en una sociedad que le resulta inmensamente grande y compleja a su corta visión política, porque para pensar políticamente en grande, hay que mirar y valorar en  concreto al ser humano, en toda su riqueza y complejidad existencial. Sólo si se visualiza lo humano desde cada párrafo de su existencialidad, se podrá comprender el contexto del fenómeno social. Tiempo pide el gobernante, tiempo para qué y hasta qué, si en el mundo actual tan acelerado, el  tiempo es más que nunca su principal enemigo. Los cambios sociales, la utopía, es aquí y ahora.

Un país en donde, al cabo de 18 años de “revolución”, el billete de más alta denominación (100 Bs. hasta hace unos meses) alcanza apenas para comprar un caramelo, en donde incluso los billetes se compran, en donde la “borra” de café es revendida, en donde la mantequilla es base para jabón pintada y aderezada, en donde una pieza de pan es lujo, en donde los vehículos se desarman por falta de repuestos, en donde las carreteras son de huecos y el asfalto un bien escaso, en donde fallecen neonatos por centenas por falta de asepsia en los hospitales, en donde los medicamentos constituyen un privilegio, en donde la vida se esfuma en “colas” sin fin, en marchas con llegadas pero sin rumbo, en la tómbola del “beneficio” populista y  en rapiña y más rapiña sobre los alimentos y bienes que se pueda y alcancen para sobrevivir.  

Todo ello ocurriendo en un país que literalmente flota sobre petróleo; con riqueza minera inmensa; con mares, llanos, ríos, lagos y montañas; con productores, creadores, inventores, obreros, profesionales, artesanos, artistas, escritores, poetas, deportistas, cultores; con madres, padres, hijos, familiares, amigos, vecinos; con historia, mitos y leyendas; con poesía y cantos; con alegrías, tristezas, sueños, lamentos, añoranzas, esperanza y fe; con Constitución, leyes, garantías y Derechos Humanos; con pueblo y con Dios Todopoderoso.

Luego entonces ¿qué le falta a ese pobre país rico?

 ¡¡Ciudadanos¡!, le faltan ciudadanos.


Causas Perdidas

También, resulta insólito ver aquellas grandes causas de la izquierda, como el respeto irrestricto de la inmunidad de los parlamentarios, la representación proporcional de las minorías, el enfrentamiento de la corrupción, la violación de los Derechos Humanos por los cuerpos de seguridad, el respeto al estado de derecho y la abrogación del fuero militar para los civiles; echadas a la basura por quienes las reivindicaron desde siempre.


“El Talento sin Probidad es un Azote”

A todas estas, cabe preguntarse ¿Dónde se encuentran los intelectuales y juristas afines al gobierno, los sectores pensantes de  la izquierda sensata?  ¿Estarán de acuerdo con  esta locura política  de convocar a lo machimberra una ANC?

A modo de estudio e investigación, deberían los estudiantes de derecho, comunicación social, politología  e investigadores y curiosos en general, tomar observación a un quinteto de esos intelectuales y juristas, registrando sus afirmaciones  y argumentos en pro de la ANC, tal como se “convoca” y desarrolla, para así  comprender cómo ha sido que los peores desastres sociales devienen de “racionalidades” elaboradas  y de verbos sofisticados. También para entender cómo esos personajes, que le “halan” odas a acciones  políticas tan torpes;  en el devenir, cuando la evolución les pasa factura, inmutables afirman: “yo lo advertí”, “yo nunca estuve de acuerdo con eso”, “lo sospeché desde el principio”, cuando no el clásico: “la culpa fue del imperio”.

Comienzan  los juristas pro gobierno, con estocada a la racionalidad, sobreponiendo  el “espíritu del constituyente” al espíritu, propósito y razón de la Constitución. ¡¡Válganos Dios!! Toda obra escrita, se independiza del querer y voluntad del autor y adquiere su propia lógica, racionalidad y espiritualidad;  más aún la Constitución Nacional, por su significado político-social-jurídico y por las formalidades que la concretan. De tal forma que  el “espíritu del constituyente” fenece con la sanción de la Constitución, sirviendo el registro de los debates solamente como material de estudio y análisis jurídico-político-sociológico. La Constitución tiene su espíritu propio, es su cualidad fundamental, es por eso la norma matriz, ese carácter sustenta su estabilidad. Ahora sí, existe un espíritu cuyo escrutinio toda Constitución no puede evadir, por ser el “destinatario” de la Carta Magna: el espíritu de la sociedad, que la valora, la aplica, la reforma y  la cambia, conforme a su circunstancia existencial. De manera que, ese volcarse el espíritu constitucional hacia la sociedad, supone su revalorización ética desde cada momento existencial y, necesariamente, su actualización  o reespiritualización, pero conservando su esencia. Ese espíritu reespiritualizándose perennemente, a su vez deviene y conforma un gran espíritu histórico que resume principios, valores, conocimientos y creencias en común; siendo aquí en donde cabe el estudio y análisis del espíritu del constituyente, en cuanto manifestación del gran espíritu histórico, pero formal e irremediablemente separado del espíritu constitucional. En definitiva la Constitución es un acontecimiento cultural;  fundamentalmente estable y esencialmente dinámico, siendo de esos hilos, estabilidad y dinamismo, de los cuales pende la sociedad.

Dentro de su onirismo político, manifiestan también asombrados esos juristas e intelectuales, que no entienden por qué, por ejemplo, Chile todavía se rige por la Constitución aprobada y promulgada durante la última dictadura que gobernara el país. Tratemos de darles entendimiento: Los chilenos no cambian de sopetón su Constitución Nacional, porque simple y llanamente les funciona; mejor dicho, consideran que no existen condiciones político sociales para efectuar el cambio del basamento institucional del país, que significa la ANC, sin riesgo  evidente de generar graves perturbaciones en la sociedad chilena, que pudieran retrotraer un pasado reciente no deseado. Porque las constituciones estables políticamente, sobretodo deben ser per-ti-nen-tes, o sea, responder a un momento histórico, deberse a una aspiración evidentemente mayoritaria y ser convalidada por todos; y para ello, en nuestro caso venezolano, es de Perogrullo que su convocatoria y su entrada en vigencia, debe ser aprobada por el soberano. Un caso paradigmático de la pertinencia es el Reino de España, cuya constitución resulta en un híbrido si se quiere contradictorio y bastardo, y flagrantemente vestigial, pero al expresar en su texto integralmente a la sociedad española, en sus valores, en sus creencias, en sus aspiraciones, en su cultura y en su fe, ella cumple su cometido, en cuanto norma fundamental, de posibilitar el desenvolvimiento pacífico de la sociedad; algo muy caro para una nación que enfrentada por la intolerancia en guerra fratricida, vio correr, junto con la de millones de hermanos de patria, “la sangre de Ignacio”  y de Lorca sobre la tierra.

Esos casos señalados, también ilustran sobre la determinación entrópica en la configuración y reconfiguración de las sociedades, o sea, el orden y la paz, relativa, no son producto de síntesis dialéctica, determinante (en sentido causal) y finalista, no puede serlo nunca, sino que expresan el mejor equilibrio posible de los diferentes factores, principales y secundarios, que integran  el cuerpo social. Ahora, ese equilibrio de suyo es estable dentro de su inestabilidad inherente, es decir, su estabilidad es su óptimo natural, expresante de una dinámica probabilística que le da ese carácter de imponderabilidad  a lo social, en donde, hasta un insignificante cambio de algún factor puede transformar radicalmente la historia, cuyo desenvolvimiento pierde relación de causa con el acontecimiento inicial hasta conformar un nuevo estado de cosas dentro de la sociedad, en mayor o menor grado predecibles, pero no predeterminables; resultando que las constituciones participan protagónicamente en ese complejo fenómeno social, que la lógica y racionalidad puede simplificar en un lema existencial: tanta estabilidad como sea posible y tanto cambio como sea necesario; es decir, equilibrio y pertinencia.

Por supuesto que las constituciones no son perfectas y en sus textos hilan sofismas y en sus recodos cobijan gazapos, en tanto la dinámica social las amerita y las pasiones e intereses políticos las descalifican; pero su estabilidad debe estar por sobre todo ello, activando los mecanismos institucionales para sobrellevarlo, de lo contrario, el costo político, en términos de la estabilidad y la paz social, pudiere ser muy alto.


…Y LA TORPEZA APELLIDO

En cuanto a los factores de la oposición, parecen estar en competencia con el Gobierno  por el título del más torpe. Con mucho más seguidores y simpatizantes de lo que ellos creen; siendo seguro que ni están enterados, pues de lo contrario no actuarían como lo hacen, desperdiciando semejante capital político.

Lo primero que deberían hacer esos factores, si quieren constituirse en opción política viable, es  imponer el orden y neutralizar a los grupos extremistas, dejándolos en reserva, para aprovechar su fuerza de choque en casos de legítima defensa. Luego constituir un programa político democrático, de inclusión, conservando y ampliando expresamente los logros sociales, abandonando esa intención retrógrada tan torpe, para proyectar definitivamente su acción política hacia el devenir, dándose por enterados de que la sociedad exige planteamientos políticos inteligentes, lógicos, racionales, sensatos y sobre todo viables, que la reenamoren políticamente como lo estuvo hace dieciocho años.

Frente Unido por la Defensa de la Democracia

Si algo ha logrado la convocatoria írrita a la ANC, ha sido crear un movimiento político natural y amplio, que trasciende a los grupos opositores para constituirse en el gran  factor político-social de defensa del Estado democrático de Derecho y de Justicia, frente al Estado comunal que se pretende instaurar ilegítima e inconstitucionalmente.

Ese frente debe tener cuatro premisas fundamentales: Primera, ser lo más amplio, representativo y participativo posible. Segundo, constituir un instrumento de expresión política para un propósito determinado, la preservación del Estado democrático de derecho y de justicia, por lo que el aglutinante es la causa en común y no la filiación política, que se mantendrá a discreción de cada quién. Tercera, tomar irrestrictamente la resistencia pacífica como medio de lucha, en consecuencia, manejar a excelencia sus simbologías; por ejemplo, marchas de todas las religiones, en todos lugares, en todo el tiempo, confrontando a una ideología que ahora amenaza con hacer en Venezuela lo que ha hecho históricamente en el mundo: exterminar a Dios ; y si lanzaren sus piquetes armados a obstaculizarles el paso, pues allí se  detienen los marchantes, armados solamente con la fuerza de su causa y su fe, orando  por los represores (Imaginemos el significado de la imagen de la madre de Dios enfrentando a la barrera de milicianos armados hasta los dientes). Cuarta, la estrategia debe ser evidenciar la inconstitucionalidad de la convocatoria a la ANC, alertar sobre el grave peligro que se cierne el país y deslegitimar el proceso, con miras al referendo aprobatorio y eventualmente más allá; en el entendido de que cualquier Constitución creada por una parcialidad política, bajo el camuflaje que sea, no tiene viabilidad.

La suerte está echada. Los demonios del fanatismo e intolerancia están desatados en la patria de Bolívar. Los fantasmas del comunismo acechan nuevamente, ya sin fusil, ya con Constituciones, ya camuflados de demócratas, otra vez con su verdad anarquizante, enemiga de la pluralidad democrática y negadora del ser individual, de su libertad, de sus creencias y de su fe. 

Hay que sentir terror ante los criterios e intencionalidad manifiestos y soslayados de quienes ejercen el gobierno. No son temores infundados, la historia se lo ha hecho sufrir en carne viva al ser humano.

Definitivamente debemos darle sentido lógico a nuestra institucionalidad, conformar nuestro existir social bajo otra racionalidad  e integrarnos espiritualmente en nuestra  individualidad.

Nuestro fundamentalísimo problema como nación, es cultural.

El día que comprendamos como sociedad, lo mejor que podemos ser desde lo malo que somos, y actuemos en consecuencia; entonces estaríamos iniciando la más grande y auténtica revolución.


Javier A. Rodríguez G.


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